El pasado 13 de marzo de 2023 entró en vigor la ley 2/2023, de 20 de febrero, que regulará la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción. Esta norma es preceptiva para todas las pequeñas y medianas empresas en España, lo que significa que los empresarios estarán legalmente obligados a incorporar un buzón de denuncias. El objetivo es que sean los propios empleados quienes informen sobre las infracciones empresariales. El buzón permitirá a los trabajadores, así como a cualquier persona que haya mantenido alguna relación laboral o comercial con la empresa, incluso a los trabajadores autónomos que les hayan prestado algún servicio, denunciar cualquier infracción. Se espera que esta ley ayude a combatir la corrupción y el fraude y que el buzón de denuncias garantice que las infracciones sean informadas y abordadas de manera efectiva.
El objetivo principal del Gobierno de nuestro país es fomentar la comunicación y denuncia de infracciones administrativas o penales detectadas en empresas por los trabajadores y otras personas que hayan mantenido alguna relación laboral o comercial con ellas. Para ello, la nueva ley 2/2023 establece la obligación para las PYMES de más de 50 empleados de habilitar dicho buzón de denuncias que permita reportar tales infracciones antes del 1 de diciembre de 2023. Sin embargo, la implementación de esta medida puede resultar abrumadora para estas empresas, ya que deberán poner en marcha el buzón y contratar a una persona o empresa que lo gestione adecuadamente. A pesar de esto, la normativa contempla un periodo transitorio para que las PYMES puedan adecuarse a estos nuevos requerimientos. Se estima que en España existen más de 25.000 pymes con más de 50 trabajadores, por lo que se espera que la implementación del buzón de denuncias suponga un cambio significativo en la forma en que se manejan las infracciones en las empresas. Además, es importante tener en cuenta que, una vez que Trabajo tenga la potestad, se podrían imponer multas de miles de euros e incluso de un millón de euros en casos graves de infracciones.
El Gobierno tiene la intención de implementar el buzón de denuncias en las pequeñas y medianas empresas con el fin de abordar los fraudes y delitos detectados con Hacienda y la Seguridad Social. Estos fraudes pueden incluir prácticas como no tener dados de alta a empleados o no remunerar horas extra. Sin embargo, para asegurar que el buzón funcione de manera efectiva, simplemente crear un correo electrónico o canal de voz para recopilar las denuncias no sería suficiente. Por el contrario, será necesario contratar una empresa externa o un encargado específico para que maneje el control y la gestión de estas denuncias de manera independiente y realice un seguimiento en caso de que así el volumen lo requiera.
En consecuencia, las PYMES tendrán la obligación de contratar a alguien que gestione este canal y asegure la confidencialidad de los denunciantes. Es importante destacar que aunque habrá un periodo transitorio para que las PYMES se adapten a esta nueva obligación, una vez que entre en vigor, la Inspección de Trabajo y Hacienda tendrá la capacidad de sancionar a las empresas que no cumplan con la ley, lo que podría resultar en multas significativas, especialmente en los casos más flagrantes
